Llevamos a juicio a los ideólogos de la exclusión sanitaria a los mayores que vivían en las residencias durante la Pandemia.

Copia de fondo de inversión

Más de cinco años después de que 7.291 personas murieran en las residencias madrileñas sin ser derivadas a un hospital, durante la primera ola de la pandemia, altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deberán declarar por primera vez como investigados en un procedimiento judicial.

El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha citado, para este lunes 26 de mayo, a Carlos Mur y a Francisco Javier Martínez Peromingo. El primero era director de Coordinación Sociosanitaria cuando empezó la pandemia en marzo de 2020 y fue el firmante del conocido como Protocolo de la Vergüenza, que bloqueó el traslado al hospital de miles de residentes enfermos por el simple hecho de ir en silla de ruedas o tener deterioro cognitivo. El segundo fue el coordinador del llamado Protocolo técnico, que complementaba al primero a la hora de especificar cómo debía ejecutarse, y que sustituyó a Mur como director de Coordinación Sociosanitaria en mayo de 2020.

El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes.

El equipo jurídico que asumirá estos nuevos procedimientos en defensa de las asociaciones de víctimas, Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia, está formado por Alejandra Jacinto y Carlos Castillo, de CAES, y el abogado Eduardo Ranz.

 

 

Declaraciones de Carlos Castillo en laSexta: https://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/abogado-carlos-castillo-contradice-ayuso-aclara-que-reabre-causa-residencias-nace-nueva-denuncia_2025052368305bf89906bf76df712399.html

Declaraciones de Alejandra Jacinto en Público: https://x.com/publico_es/status/1926965790458139068