13 May Plataforma #LuzYaCañadaReal: Ante la firma de un protocolo para realojar a la población de Cañada Real en diez años.
Ante la firma de un protocolo el pasado 15 de abril de 2024 por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de España, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno en Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid, para poner en marcha un Plan Extraordinario de Realojos en la Cañada Real, a llevar a cabo en los próximos diez años (2024-2034), la Plataforma Cívica Luz para la Cañada Real, queremos manifestar lo siguiente:
1.- El protocolo firmado entre los representantes de las Administraciones antes citadas se ha hecho sin dar participación a las asociaciones y organizaciones vecinales de la Cañada Real. Ello supone una violación de la Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana, al vulnerar abierta y directamente lo establecido en su disposición adicional primera, en donde se reconoce que las Administraciones con competencia en la materia tienen la obligación de dar participación a los afectados debidamente representados por asociaciones acreditadas en los procesos que resuelvan todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los terrenos de la Cañada Real Galiana.
Y también supone una vulneración de los principios rectores de participación y transparencia que exigía el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, de 17 de mayo de 2017, que firmaron quienes en ese momento representaban los cargos de Presidenta de la Comunidad de Madrid, Delegada del Gobierno, Alcaldesa de Madrid, Alcalde de Rivas Vaciamadrid y Alcalde de Coslada.
La Cañada Real Galiana es en la actualidad un barrio que cuenta con derechos propios, reconocidos en la Ley 2/2011 de Cañada Real Galiana. En su virtud, las personas que viven en Cañada Real tienen derecho de participación en las decisiones a lo largo de todo el proceso de regularización del barrio a través de las asociaciones vecinales. Sin embargo, no se ha informado a las vecinas y vecinos de este proceso, que ha sido realizado en el más absoluto oscurantismo. No han sido ni tenidos en cuenta, ni han participado en el mismo. De hecho, se han enterado por la prensa de una decisión que condiciona por completo el futuro del barrio y, por tanto, afecta de lleno a sus vidas.
Los vecinos y las vecinas de la Cañada Real no merecen este maltrato institucional, cuando siempre han actuado con la mayor responsabilidad para defender sus viviendas dentro del marco que establece la propia Ley 2/2011 de Cañada Real y el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana de 2017.
2.- La puesta en marcha del Plan Extraordinario de Realojos supondría una violación del Pacto Regional, pues en el mismo se reconoce que las personas de la Cañada Real que figurasen en el censo antes del 31 de diciembre de 2011 tendrían, siempre que fuera posible, el derecho a una vivienda dentro de la propia Cañada.
Durante los últimos años, la representación vecinal ha venido trabajando, dentro del Pacto Regional, en Mesas y Ponencias Técnicas Urbanísticas donde se contemplaba una solución híbrida y participada por los vecinos y vecinas para el futuro del barrio, existiendo voluntad de legalización del mayor número de viviendas posibles, tal y como recoge el propio Pacto Regional, declarándose más de la mitad del territorio como apto para albergar uso residencial, según propuesta presentada por las propias administraciones, y contemplándose los realojos sólo en casos de vulnerabilidad o zonas con afecciones urbanísticas que pudieran impedir el mantenimiento de viviendas existentes.
La decisión, que hemos conocido por los medios de comunicación, además de ser contraria al Pacto Regional y contraria al propio acuerdo al que llegaron administraciones y asociaciones vecinales, a la conclusión de las Ponencias Técnicas Urbanísticas, supondría, “de facto”, un desplazamiento colectivo forzoso que contradice todo el camino de colaboración recorrido hasta ahora.
Ignorar los acuerdos anteriormente adoptados supondría una quiebra de los derechos que asisten a la ciudadanía de Cañada Real, máxime si se tiene en cuenta que muchas familias, que residen en la Cañada desde hace décadas, no reúnen los requisitos para ser realojados, lo que supondría un doble perjuicio, en la medida que tendrían que abandonar sus viviendas y no serían realojados, y vulneraría derechos fundamentales básicos recogidos en la Constitución española y demás normas del ordenamiento jurídico.
La toma de decisiones de tal envergadura como las que se pretenden ejecutar con el Plan Extraordinario de Realojos, sin contar con el consenso vecinal están abocadas al fracaso, tanto por la ilegalidad de su origen (vulnerando lo dispuesto en la Ley y en cualquier manual de urbanismo con enfoque de Derechos Humanos), como por la oposición de buena parte de la población, que lleva décadas haciendo del barrio su espacio vital y en el que han manifestado reiteradamente que quieren permanecer. Toda actuación en este sentido ha de contar necesariamente con las aportaciones vecinales, teniendo en cuenta los acuerdos ya adoptados en las Ponencias Técnicas Urbanísticas, y buscar el mantenimiento del máximo número de viviendas posibles dentro de la Cañada Real.
3.- En el Plan Extraordinario de Realojos acordado entre los representantes de las Administraciones citadas en el primer párrafo de este comunicado no se hace referencia, en ningún momento, a la rehabilitación del suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana, lo que no sólo viola el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, que en el Anexo III establece explícitamente que entre los compromisos para la adopción de medidas provisionales para dignificar las condiciones de vida de los habitantes de la Cañada Real Galiana está la rehabilitación del suministro de la luz, sino que también supone una muy grave y continua violación de los derechos humanos de una población en situación de extrema vulnerabilidad. Ello ha motivado que ya en diciembre de 2020 nueve Relatores especiales del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas exigiesen el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico para toda la Cañada Real, y desde entonces se hayan pronunciado en el mismo sentido los principales organismos de defensa de derechos humanos; tanto nacionales, como el Defensor del Pueblo, que ha llamado ya en tres ocasiones a actuar urgentemente para garantizar inmediatamente el suministro eléctrico; como europeos, como el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que puso el plazo del 15 de diciembre de 2022 para que el Estado español tomase las medidas necesarias para garantizar el acceso inmediato a la electricidad y calefacción.
En este contexto, acordar el realojo de personas a las que no se les garantiza el suministro eléctrico del que venían disfrutando durante décadas hasta su corte el 2 de octubre de 2020, quienes incluso han solicitado por todos los medios a su alcance y en repetidas ocasiones la realización de contratos de suministro individuales para su consumo constituye una práctica que se sitúa en los términos de los desalojos forzosos proscritos por los Tratados Internacionales suscritos por España.
Si se acordase un proceso de realojo sin garantizar el suministro eléctrico a toda la población de la Cañada Real, se estaría violando el Pacto Regional y los Derechos Humanos más básicos de una población en situación de extrema vulnerabilidad, incumpliéndose, además, las declaraciones y compromisos de partidos e instituciones que se dicen defensoras de Derechos Humanos.
4.- Por todo ello,
.- Llamamos a las Administraciones implicadas a reconsiderar la decisión acordada y, en su lugar, abrir un proceso de negociación real con la representación vecinal de la Cañada Real Galiana, en el que se vele por el mantenimiento del mayor número de viviendas dentro de la Cañada, tal y como se recoge en el Pacto Regional, y se trabaje con la base de la solución urbanística acordada entre Administración y Asociaciones Vecinales tras más de 4 años de trabajo y múltiples reuniones de las Ponencias Técnicas Urbanísticas.
.- Exigimos la restauración inmediata del suministro eléctrico en el sector 6 de la Cañada Real Galiana y la normalización del suministro eléctrico en el resto de sectores, así como que hagan posible la celebración de contratos de suministro individuales para todas las personas que residen en la Cañada Real Galiana.
.- Nos reservamos el derecho a recurrir a todas las instancias necesarias para frenar el maltrato institucional que sufren las vecinas y vecinos y advertimos del riesgo de incumplir de forma grave y consciente compromisos legales internos e internacionales, así como del daño acumulado que provocan disposiciones arbitrarias y contrarias a las necesidades ya expresadas de forma reiterada por vecinas y vecinos, sus organizaciones representativas y la sociedad civil organizada que conformamos esta Plataforma Cívica.
EXIGIMOS EL RESTABLECIMIENTO INMEDIATO DEL SUMINISTRO
ELÉCTRICO, QUE SE GARANTICE A LAS VECINAS Y VECINOS EL
DERECHO A CONTRATAR EL SUMINISTRO, Y UNA MESA DE
SEGUIMIENTO QUE PERMITA LA PARTICIPACIÓN VECINAL EN LAS
DECISIONES QUE AFECTEN A SU BARRIO.
En Madrid, a 9 de mayo de 2024