La Asamblea de Vivienda del barrio de Usera de Madrid acoge numerosos casos de madres con hijos a cargo (familias monomaternales) que ocupan viviendas vacías propiedad de entidades bancarias o fondos. Todas ellas ocupan por necesidad al carecer de medios para el acceso a una vivienda a través del mercado y en ausencia de posibilidad real de acceder a vivienda pública. Muchas llevan años buscando una solución tras perder su casa por ejecución hipotecaria o como consecuencia de una separación.
Frecuentemente, estas mujeres cuentan con ingresos derivados de subsidios o contratos eventuales. La crianza en solitario de sus hijas/os dificulta el acceso a empleos a tiempo completo. Si lo consiguen, los salarios mileuristas no son suficientes para acceder al mercado del alquiler. Por otra parte, el número de empleos en tareas de cuidados o limpieza (sectores abrumadoramente feminizados) se ha reducido desde marzo de 2020 como consecuencia del Covid-19. El aumento de llamadas a Servicios Sociales durante el Estado de Alarma, tramitándose tres veces más ayudas que en 2019, ha puesto sobre aviso de la realidad de muchas mujeres como nuevo perfil que solicita auxilio social.i
Cuando una familia llega al límite de sus posibilidades y no puede satisfacer las exigencias del mercado (nominas, avales, dinero efectivo para adelantar mensualidades como señal) entra en un mercado alternativo de la vivienda (alquiler de una habitación, contratos verbales, pagos en mano, o compraventa de llaves de pisos ocupados). Llegados a este punto, una red de servicios sociales saturada e impotente se interpone entre la necesidad imperiosa de recibir ayudas y la llegada de las mismas para quienes llevan años solicitando un alquiler social a las distintas administraciones. Las entidades financieras y fondos han acumulado decenas de miles de viviendas durante la última década fruto de desahucios de familias afectadas por la crisis económica derivada del estallido d