Por una intervención humanitaria inmediata en Cañada Real - CAES
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Por una intervención humanitaria inmediata en Cañada Real

La situación en Cañada Real Galiana es insostenible. Tras 90 días sin energía eléctrica para las más de 4.000 personas afectadas, 1.800 de ellas niños y niñas, esta semana se alcanzarán temperaturas bajo cero en la periferia de Madrid y solo acaba de entrar el invierno.

El mayor asentamiento irregular de Europa lleva enganchado a la luz desde los años 60, pero los diferentes episodios de regularización de barrios de autoconstrucción (Orcasitas, Palomeras, poblados, etc) no le han alcanzado nunca, a pesar de ir aumentando su población año tras año durante las últimas décadas, en su mayor parte familias trabajadoras migrantes sin posibilidad de acceso o directamente expulsadas del mercado de la vivienda.

La Comunidad de Madrid es la principal responsable de garantizar unas condiciones de vida dignas para su población, en aplicación de la Ley 2/2011 de desafectación de la Cañada Real y el Pacto Regional que firmó en 2017 con los ayuntamientos de Coslada, Rivas y Madrid, y con la Delegación del Gobierno en Madrid. Este último ordena en su Anexo III la rehabilitación del suministro eléctrico. De hecho, la Comunidad de Madrid creó la figura del Comisionado de la Cañada Real Galiana, un alto cargo de la administración madrileña cuyo único cometido es hacer cumplir el Pacto Regional.

El 2 de octubre de 2020 comenzaron los cortes en el Sector 6 y el grupo Naturgy, que detenta las instalaciones y el suministro en la zona, descargó su responsabilidad en la falta de potencia de sus instalaciones que supuestamente era superada por consumos industriales de plantaciones de marihuana. Sin embargo, al cabo de tres semanas los cortes se extendieron al Sector 5 sin que hubiera causa aparente para ello. Además, el Defensor del Pueblo ha llevado a cabo una investigación tras la queja interpuesta por un grupo de mujeres organizadas del Sector 6 y ha concluido que “muchas de las personas afectadas por esta prolongada privación de suministro querrían tener un contrato, pero esta opción no se les facilita, sin que a juicio de la Institución se hayan esclarecido suficientemente las razones que lo impiden o dificultan”.

En este tiempo han aumentado las intervenciones por intoxicaciones respiratorias, se han deteriorado las condiciones para personas enfermas y mayores, y dos bebés han sido atendidos con síntomas de hipotermi