Introducción
En el año 2013, el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Ignacio González, orquestó la mayor venta de viviendas públicas y sociales de la historia contemporánea, con sus inquilinos dentro. A cambio de 201 millones de €, se entregaron al fondo de inversión Goldman Sachs un total de 2.953 viviendas (32 promociones por toda la región) con el argumento de que aquella venta era necesaria para no incurrir en déficit.
Las familias afectadas habían sido adjudicatarias de viviendas públicas en los años previos, y habían suscrito contratos de alquiler público con el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) bajo la confianza de contar con una vivienda asequible, mientras pagasen su renta, para toda la vida. En los actos públicos de entrega de llaves de los años 2007 a 2011, Esperanza Aguirre declaraba que aquellas viviendas serían la garantía de estabilidad y hogar para familias humildes durante toda su vida, cuándo en realidad serían víctimas de una operación especulativa organizada entre “grandes directivos” y “ejecutivos” cercanos a la Consejería de Transportes y Vivienda de la Comunidad de Madrid. La sospecha de corrupción no ha podido ser dilucidada en los tribunales, pues un cambio de criterio en la Fiscalía que investigaba la operación provocó el archivo de las actuaciones penales a finales de 2018[1].
En vía contenciosa, tras varios años de peregrinaje judicial, se ha conseguido anular la venta en su conjunto por las graves irregularidades del procedimiento y por la ausencia de justificación mínimamente razonable para desprenderse de más de un 10% del patrimonio públi