Bancos, derecho a decidir y elecciones - CAES
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Bancos, derecho a decidir y elecciones

Bancos: inversores, especuladores y delincuentes. Una sociedad desarrollada y compleja necesita la función bancaria. La producción y el intercambio de bienes y servicios depende, por un lado, del dinero como medio de cambio y expresión del valor y, por otro, de la concesión de préstamos para nuevas inversiones y emprendimientos. Esta actividad exige instituciones especializadas en el dinero y el crédito.

Al ocupar un lugar estratégico en la economía, la banca acumula un gran poder frente a las personas, la sociedad y la Soberanía Nacional. El Estado debe garantizar que su actividad facilita –y no dificulta- la aplicación de los mandatos constitucionales: “economía al servicio del bien común .. impedir la especulación del suelo y la vivienda .. principio de prevención de la salud .. garantía jurídica de los derechos fundamentales .. igualdad .. justicia .. imperio de la ley”.

Sin embargo, la banca española -totalmente privatizada- ha actuado como la zorra en el gallinero. Con la complicidad de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, ha acumulado inmensos beneficios mediante décadas de especulación inmobiliaria, alimentando una burbuja basada en hipotecas abusivas que, al estallar en 2008, motivó una crisis financiera -y después económica- que destruyó millones de empleos, despojó de su vivienda a cientos de miles de familias, absorbió 60.000 millones de euros del erario público y sumió a la Economía Nacional en una década de recesión, destrucción de recursos productivos, devaluación salarial, precariedad, paro, recortes en los gastos sociales y grave deterioro de la viabilidad financiera de las pensiones.

Las instituciones democráticas hicieron dejación de sus funciones al no actuar para prevenir la amenaza cierta del estallido de la burbuja especulativa. Por esta pasividad el poder político del estado a escala nacional, autonómica y local, ha incurrido en responsabilidades políticas, pero también penales por prevaricación y -si ha existido beneficio económico- cohecho. La impunidad de la banca se retroalimenta con la impunidad de los poderes públicos.

Doce años después del inicio de una crisis devastadora, tenemos en marcha una nueva burbuja inmobiliaria (ahora también en la vivienda en alquiler) y la banca nos ofrece su programa electoral para las próximas elecciones de abril y mayo de 2019. Ana Patricia Botín, presidenta del Banco de Santander, nos recomienda un pacto inclusivo y una economía fuerte, pensiones suficientes y sostenibles y respeto al orden económico liberal para atraer inversiones.

Derecho a decidir. En 1933, José Antonio Primo de Rivera, líder de la Falange -nuestro fascismo histórico-, al tiempo que se oponía con “la dialéctica de los puños y las pistolas” a la movilización de la clase trabajadora de la época, mantenía un discurso demagógico populista al hablar de los ciudadanos “libres”, pero “pobres”, víctimas de la explotación de capitalistas y terratenientes. Hoy en día, la alianza PP, CS y Vox representa un populismo con ribetes fascistas -ya sin guiños obreristas- que calla ante los abusos de la banca, apoya las políticas neoliberales de los sucesivos gobiernos de España, la xenofobia contra los inmigrantes, el recorte de los derechos de las mujeres y, sobre todo, fomenta la intervención militar del Estado contra el derecho de los pueblos de España que quieren separarse de forma pacífica y democrática de una monarquía valedora de la dictadura parlamentaria de los bancos.

Elecciones Generales (28/4/19) y Autonómicas, Municipales y Europeas (26/5/19). Frente a estas amenazas, el voto democrático de las próximas elecciones es contra los bancos, a favor de los derechos de las mujeres y del derecho a decidir de los pueblos.

Agustín Morán, CAES, abril 2019