El Juzgado de 1ª Instancia nº2 de Coslada libera de una hipoteca a familiares por considerar abusiva la cláusula de renuncia de sus derechos como avalistas. - CAES
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El Juzgado de 1ª Instancia nº2 de Coslada libera de una hipoteca a familiares por considerar abusiva la cláusula de renuncia de sus derechos como avalistas.

Contexto e historia familiar: 

La crisis económica que atraviesan las familias en nuestro país desde 2008 ha dado lugar a naturalizar la búsqueda de apoyos familiares (tanto económicos como de cuidados) para “salir adelante”. A la hora de contratar cualquier préstamo (ya sea hipotecario como personal) muchas personas se han visto obligadas a pedir  ayuda a sus familiares. El resultado ha sido naturalizar como una práctica común el afianzamiento de algún familiar (generalmente padres y madres) que preste garantías de pago de esos préstamos y así poder acceder a una vivienda  o  cubrir otras necesidades.

El imaginario popular, entiende como afianzamiento el hecho de avalar a una persona y garantizar el pago de la deuda en caso de que el titular principal no  pague o que todos sus bienes no cubran la devolución de la deuda, (a esto lo llamamos beneficio de excusión o de orden).Pero en ningún caso se entiende que los/as avalistas tomen la misma posición que el deudor, se conviertan en deudores principales y  arriesguen al mismo nivel todos sus bienes presentes y futuros. Ni mucho menos son de uso cotidiano la terminología y expresiones utilizadas por los bancos para poder entender las consecuencias económicas y jurídicas que ha lugar firmar este tipo de cláusulas (como la perdida de viviendas familiares con más de 40 años en propiedad o sufrir embargos de pensiones de jubilación o incluso ambas). 

Para más inri y aprovechándose de la solidaridad familiar, la modalidad contractual más utilizada por los bancos en la práctica, tanto para préstamos hipotecarios como para préstamos personales, es contratar la fianza solidaria sin beneficio de excusión, orden y división.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº2 de Coslada nos da la razón y con ello a nuestros clientes, un padre y una madre que  avalaron a su hijo para contratar un préstamo hipotecario y ofrecerles su ayuda para que pudieran acceder a una vivienda. En el momento de la contratación el banco Popular no les informó de lo que suponía firmar los términos recogidos en la cláusula de afianzamiento (redactada con renuncia a los beneficios de excusión y orden) colocándoles en las mismas condiciones que los deudores principales garantizando el préstamo con todos sus bienes presentes y futuros al igual que los deudores principales.

En una situación equilibrada de negociación libre e individual, el banco tendría que haber informado a los fiadores de las consecuencias económicas y jurídicas que suponía la renuncia a estos beneficios que recoge nuestra legislación (Art 1822.1 CC). Cierto es que en ningún momento se traslada esta información porque el resultado sería que nadie en su sano juicio querría ser avalista.

¿Qué es el afianzamiento?

 Tal y como recoge la sentencia del Juzgado número 2 de Coslada, el afianzamiento es una relación jurídica contractual y no una cláusula contractual reguladora del contrato de préstamo, por más que el pacto de afianzamiento se documente en la póliza de préstamo. Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste (art. 1.822.1 CC).

La fianza tiene un carácter accesorio puesto que no puede existir sin una obligación principal válida y también tiene un carácter subsidiario puesto que solo nace la obligación si el deudor principal incumple. Por ello su exigibilidad presupone el incumplimiento previo del deudor principal.

Nuestro Código civil recoge los beneficios que se adquieren cuando tomamos la posición de avalistas (o fiadores), como es el beneficio de excusión o de orden en que el fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacer antes excusión de todos los bienes del deudor (art. 1830 CC).

El beneficio de excusión implica que el fiador puede aplazar el cumplimiento de su obligación de pago mientras el deudor disponga de bienes realizables suficientes para cubrir el importe de la deuda.

Así se garantiza el cumplimiento de la obligación principal.

La práctica habitual de los bancos sobre el afianzamiento es abusiva

Estas cláusulas  infringen las normas relativas a la protección de consumidores por no estar redactadas con claridad, estar predispuestas al consumidor, no existir reciprocidad en las prestaciones de ambas partes. Generalmente en los contratos financieros se deben acatar las condiciones impuestas por el oferente o renunciar a contratar cualquier préstamo obligando a las familias a firmar condiciones impuesta aun sin conocer las consecuencias económicas y legales que acarrean, por ello que cumplen los requisitos de condición general de la contratación.

Tal y como recoge la Sentencia: no cabe duda que no es comprensible para una persona que no tenga conocimientos técnicos jurídicos, pues expresiones como “obligados al pago solidariamente” o “beneficios de orden o excusión o división” no son expresiones de uso común o cotidiano, por lo que deberá el demandado acreditar que informó al actor del contenido, consecuencias, carga económica de esta cláusula, es decir, de las obligaciones asumidas por los actores…

…es imprescindible que el banco hubiera informado a los consumidores del significado de las renuncias que han efectuado, no siendo suficiente la mera cita de preceptos legales. No habiendo acreditado el demandado que hubiera facilitado dicha información a los actores ni tampoco que los mismos supieran “la forma de liquidación de la deuda pactada en la escritura”.

Quedando acreditado el incumplimiento de los deberes de transparencia por parte de La Mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., que no explicó a DON ni a DOÑA el alcance y consecuencias del carácter solidario de la obligación y de la renuncia a los beneficios de orden, excusión y división, ni la forma de liquidación de la deuda pactada en la escritura ; es decir, consecuencias económicas y jurídicas del contrato que estaban celebrando, suponiendo este contenido un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor, no cabe sino considerar que dicha cláusula 16ª es abusiva para los actores.”

El doble control de transparencia al que están obligados los profesionales bancarios, tiene por objeto que el adherente conozca con sencillez tanto la carga económica que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo. 

Es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato, de forma que se garantice que el consumidor está en condiciones de obtener, antes de la conclusión del contrato, la información necesaria para poder tomar su decisión con pleno conocimiento de causa.

Tanto en cuanto sigamos recurriendo a nuestros  familiares para poder solventar económicamente esta prolongada crisis y las entidades financieras sigan faltando a su deber de transparencia utilizando el engaño suficiente para seguir amasando riqueza, solo nos queda seguir reclamando nuestros derechos para que poco a poco vayamos consiguiendo victorias como está y juzgados como el de Coslada, entre otros que ya se han pronunciado sobre esta cuestión (juzgado de lo Mercantil de Donostia) puedan tener herramientas suficientes que les permitan impartir justicia.

Equipo Jurídico CAES

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